Bachelet: ¿ hacia un liderazgo politico-histórico?

Bachelet: ¿hacia un liderazgo político-histórico?

Es fácil deducir que la idea de un “Estado democrático y social de derecho” tiene un rango conceptual y, por lo mismo, está ligado con un imaginario de sociedad a edificar. Las definiciones fueron ratificadas por las características del Presupuesto enviado al Congreso y son las que más fuerte influyen al enunciar que el Gobierno ha entrado en una nueva etapa.
Antonio Cortés Terzi
Director ejecutivo del Centro de Estudios Sociales Avance
DESDE PRINCIPIOS DE septiembre se evidenciaron indicadores y percepciones que anunciaban el paso del Gobierno a otro momento o fase; guías y apreciaciones que han ido en alza. Por cuestiones de apariencia paradojal, septiembre fue un mes consolidador de la imagen de un mandato que afirma su protagonismo y cualidades de conducción. El que haya sido de alta conflictividad social, política y político-cultural -y antecedido de diagnósticos negativos para el Gobierno- facilitó un cambio de imagen, merced, entre otras cosas, al satisfactorio manejo en todos esos campos y, además, en el ámbito del control de la violencia callejera.
Los otros indicadores importantes que avalan la idea de un Gobierno que afianza sus capacidades y su liderazgo se encuentran en la detención de la tendencia a la baja en popularidad que afectó a la administración y a la Presidenta en los primeros meses; en la irradiación de la impronta de un gabinete político más afiatado; en la autoridad y el liderazgo político ejercido en temas polémicos y conflictivos (píldora del día después, presupuesto, etc.); en una mejor coordinación con los parlamentarios, especialmente, en cuanto a agenda legislativa; en un mayor activismo de las autoridades sectoriales lo que se acompañó de una buena comunicación, etc.
En el fondo, lo que ha ocurrido es que la gestión no sólo dejó atrás -al menos en un alto porcentaje- debilidades y desprolijidades que mostró en la fase de instalación, sino que, efectivamente, está inaugurando una nueva etapa.
Una que es más que la recuperación de protagonismo y que el puro reordenamiento funcional. El Gobierno ha ido creando las condiciones y las capacidades para ejercer con más eficacia y legitimidad liderazgo y conducción política, una de las carencias más enrostradas por la oposición e incluso por sectores de la Concertación. Sin embargo, lo interesante es que han sentado las condiciones para ejercer tal liderazgo y conducción sobre la definición de un eje programático de relevancia mayúscula y que, a su vez, responde a un esbozo conceptual del deber ser político-histórico de la Concertación en tanto alianza de centroizquierda y progresista.
El asentamiento de esa definición ha corrido por cuenta de la Presidenta Bachelet y que -si bien no es una novedad ni sorpresa- en los últimos días adquirió una connotación más categórica y definitiva. La exposición de la Mandataria, en un reciente seminario organizado por Chile 21 despejó cualquier duda que pudiera subsistir sobre la impronta de su gestión: “No me cansé de repetir durante la campaña y como lo he señalado tantas veces... la marca histórica de mi Gobierno va a estar dada por la consolidación de las bases de un sistema de protección social”. De por sí, al hablar de “marca histórica” está indicando la solidez de convicciones y de la voluntad para guiar su equipo en virtud de ese eje programático. Pero en la misma ponencia llega más lejos, porque articula el propósito programático a una meta mucho más ambiciosa y de más largo aliento histórico: “Hoy, el desafío es cómo construimos las bases de un Estado democrático y social de derecho, a la vez que aseguramos un crecimiento económico sostenido”. Es fácil deducir que la idea de un “Estado democrático y social de derecho” tiene un rango conceptual y, por lo mismo, está ligado con un imaginario de sociedad a edificar.
Las definiciones fueron ratificadas por las características del Presupuesto enviado al Congreso y son las que más fuerte influyen al enunciar que el Gobierno ha entrado en una nueva etapa.
Porque -como se dijo- no se trata sólo de un reordenamiento programático y funcional. Se trata también de un énfasis político-conceptual que acentúa una de las esencialidades del pensamiento común de las culturas de centroizquierda, traducida además a medidas gubernamentales específicas y que por razones comprensibles no habían sido asumidas en los periodos anteriores con la precisión y audacia que hoy se hace.
La voluntad de fundar un “Estado social de derecho” implica cuando menos tres consecuencias gravitantes en el plano de la política. Primero, un distanciamiento más claro y sustantivo entre el proyecto-país de la centroizquierda y el de la centroderecha; ergo, una conflictividad mayor pero también mucho más relevante. Segundo, una convocatoria unificadora y revitalizadora de las culturas de la Concertación y, a la par, la puesta en la mesa de las diferencias de un tema por el cual sí vale la pena discutir. Y tercero, la apertura de reflexiones sobre reformas colaterales que entraña la construcción de un sistema de protección social y que básicamente tienen que ver con readecuaciones del Estado, de la administración pública, pero también de la sociedad civil.
Ahora bien, que las definiciones de rango político-histórico impulsadas por la Jefa de Estado devengan efectivamente en la matriz orientadora y en los objetivos centrales no están aseguradas per se.
Para que ello ocurra será menester: i) asegurar una masa crítica de respaldo político activo; ii) concitar comprensión y apoyo ciudadano y iii) darle al proyecto y a sus conceptos un sustento intelectual mucho más elaborado y traducible a una discursividad competitiva y convincente. Todo ello es necesario o insoslayable porque implica cambios no menores y en Chile persiste aún una dinámica política bastante inercial y una elite transversal espontáneamente resistente o dubitativa en materia de transformaciones del status.
Publicado con autorización del Centro de Estudios Sociales Avance (www.centroavance.cl)